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Mi nueva entrada en El Blog Salmon está dedicada al #NextGenerationEU, el esperado fondo de recuperación europeo. La llegada de esta especie de maná caído del estrellado cielo europeo merece una reflexión pausada sobre expectativas versus realidades.
Leer el artículo completo: Pan de Ángeles
Noticias negativas o críticas con la actuación de los poderes públicos NO son necesariamente mensajes falsos, y viceversa. No perdamos el norte.
Enlace a un nuevo hilo de Twitter.
(Dedicado a Luis I. Gómez, con todo mi aprecio y admiración)
Los indicadores financieros son valores que se obtienen poniendo en relación las diferentes partidas de los estados económico-financieros de la empresa, y que pretenden ofrecer una medida del desempeño de ésta. Su magnitud, comparada con un determinado nivel de referencia, puede señalar una desviación sobre la cual adoptar acciones correctivas o preventivas. Por ejemplo, el ROI, que por sus siglas en inglés significa Return On Investment, es una métrica que refleja, expresado de una manera sencilla, las ganancias financieras obtenidas con cada acción o proyecto empresarial.
Se trata, sin embargo, de una magnitud cruda, que no es capaz de medir intangibles clave. Por ejemplo, la honestidad, esa palabra que no me canso de repetir y por la que me arriesgo a que ustedes me tachen, con razón, de plasta.
Ojalá existiera un indicador que midiera, por ejemplo, el ROIH: un eventual Retorno de la Inversión Honesta, menor (o no) que el ROI financiero en términos económicos, pero muchísimo más valioso si atendemos a criterios de ética, responsabilidad y creación de valor a largo plazo, porque no hay nada tan poderoso como el discurso y los hechos de alguien natural, honesto y creíble.
Dicho esto, el camino de la honestidad personal, empresarial y política resulta casi siempre más difícil, costoso y prolongado que los atajos rápidos tomados por líderes impostados y poco escrupulosos. Quizás a muchos pueda parecer que eso les funciona. No obstante, estoy convencido que hacer las cosas bien y conforme a conciencia suele reportar grandes beneficios con el tiempo, muchos de ellos incluso susceptibles de ser contabilizados, aunque por encima de todo conlleva paz de espíritu. Y esa no hay dinero ni fama que la pague.
Haciendo mías las palabras de François Fenelon:
La rectitud de conducta y la reputación general de rectitud recaban para sí mayor confianza y aprecio, y a la larga, por consiguiente, más ventajas, incluso materiales, que cualquier camino sinuoso.
Algunos deberían tomar buena nota en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo.
En la anterior entrada de este blog efectuaba unas breves reflexiones sobre la dimensión global que estaba adquiriendo el brote de coronavirus tras haber salido de las fronteras de China. Quince días después, las dinámicas de esa expansión son todavía más claras y contundentes. En aquellas fechas, en España teníamos apenas unas decenas de casos; a fecha de hoy (7 de marzo) hemos alcanzado los 500 (cuarto país de Europa). En Italia ya van por los 5000 y están listos para aislar a 16 millones de personas. Se dice pronto.
Con las noticias de nuevos positivos nos llega también una avalancha de informaciones y desinformaciones, mentiras, medias verdades, datos científicos y bulos homeopáticos, cifras económicas, rumores, partes de situación, ruedas de prensa, desmentidos, acusaciones, teorías serias o conspirativas, declaraciones y mutis políticos… sumergiéndonos en un espeso plasma de incertidumbres y congojas. El COVID-19 tiene una dimensión que trasciende con mucho el componente sanitario y, como tal, sus consecuencias se extenderán largamente en el tiempo, más allá del momento de su contención. Tres son los brotes epidémicos que trae consigo:
El virus.
La desconfianza.
La desaceleración económica.
Los tres se realimentan en su potencial dañino.
En el aspecto puramente médico, cada día vamos conociendo más aspectos del COVID-19, aunque sea una información necesariamente incompleta, dada la relativa novedad del organismo. La Organización Mundial de Salud ha efectuado un esfuerzo ingente de divulgación sobre la epidemia, incluyendo recomendaciones técnicas de actuación a las autoridades sanitarias. Y es precisamente en este punto donde empiezan las primeras asimetrías globales. Frente a la contundente y enormemente coercitiva respuesta china, impensable para los occidentales pero aplaudida por la propia OMS, hemos podido comprobar como cada nación ha hecho de su capa un sayo, siguiendo sus propios análisis internos, de acuerdo con sus capacidades sanitarias, prioridades políticas y económicas, peculiaridades culturales o configuraciones sociales, ofreciendo un mapa de reacciones heterogéneas que van desde el aislamiento de zonas enteras, la prohibición de eventos multitudinarios, la realización masiva de pruebas de detección, el cierre de colegios o las restricciones fronterizas, hasta un mero control adaptativo “blando” y una actuación selectiva sobre los brotes, sin prohibiciones específicas. Esta asimetría de informaciones y respuestas genera en sus respectivos ciudadanos un caudal interminable de preguntas ante las inevitables comparaciones que con toda razón se hacen. ¿Nos estamos pasando tres pueblos con las restricciones o nos estamos quedando miserablemente cortos, teniendo en cuenta lo que hacen nuestros vecinos? ¿Pueden más las consideraciones de naturaleza política o económica que las sanitarias? ¿Tenemos los medios suficientes? ¿Está el contagio controlado o lo damos por perdido? ¿Por qué se impide a los profesionales asistir a una reunión científica, pero se permiten y hasta fomentan las manifestaciones multitudinarias? ¿Nos ocultan la gravedad de la epidemia? Y la cuestión que repetidamente aparece en los medios: incluso aceptando la presunta imposibilidad práctica de detener el brote, ¿no resultaría mejor ser muy restrictivos ahora para evitar colapsar el sistema más tarde?
La respuesta heterogénea y descoordinada de la propia Unión Europea (con varios miles de casos reconocidos mientras escribo esta entrada), siempre lenta y reactiva, tan precupada por el Brexit y sus presupuestos como incapaz en apariencia de ofrecer una sola voz ante la epidemia ni el necesario liderazgo en recursos, procesos e información, no hace más que contribuir a este panorama confuso, a una incómoda sensación de improvisación y de “sálvese quién pueda”, generadora de la segunda ola epidémica asociada al coronavirus: la pérdida de confianza.
Frank Sonnenberg ha escrito que la confianza es como la presión sanguínea: es silenciosa, vital para la salud, y si se abusa de ella puede ser mortal. En el caso de una epidemia, la confianza ciudadana es el cimiento fundamental que articula una respuesta efectiva a la misma. Hace unos días, divulgaba en mi cuenta de Twitter una fantástica pieza histórica de la revista del Smithsonian sobre la evolución y gestión en EEUU de la pandemia de gripe en 1918. Una lectura larga, en inglés, pero muy recomendable, que nos habla de unas lecciones aprendidas que siguen de plena actualidad. El principal mensaje del autor con respecto a aquellos terribles acontecimientos se me quedó grabado a fuego en la memoria:
La lección más importante de 1918 es decir la verdad. Aunque esa idea se incorpora a todos los planes de preparación que conozco, su implementación real dependerá del carácter y liderazgo de las personas a cargo cuando estalle una crisis
En efecto, la eficacia de las intervenciones públicas en un evento sanitario de estas dimensiones depende del cumplimiento de los ciudadanos, y para que éstos cumplan, evidentemente, deben confiar en lo que se les dice. Este hecho resulta si cabe todavía mucho más relevante ante la enorme capacidad actual de difusión de información, tanto veraz como falsa. La falta de voluntad para responder públicamente a preguntas incómodas, para proporcionar directrices coherentes o para reconocer, sin alarmismos, la inevitabilidad de una epidemia acaba significando “que los ciudadanos buscarán respuestas en otros lugares y probablemente encontrarán muchas malas”. En esos casos, casi siempre prevalece la jungla. Para las autoridades públicas, se trata de un reto tan grande como el de la misma enfermedad.
En China, el férreo control informativo y la censura hicieron mucho más daño que la pandemia, pese a la posterior gestión de la misma. Son muchas las cosas que pueden hacerse para mejorar y coordinar una gestión informativa que sea rápida, potente, transparente y de acceso único, universal e inmediato para los ciudadanos, algo impensable en un régimen dictatorial pero imprescindible en una democracia avanzada. Tenemos los medios tecnológicos y los recursos financieros necesarios. Todo ello, acompañado de liderazgo, responsabilidad y capacidad de decisión.
No hay que tener miedo a decidir cosas, aunque resulten impopulares. Y cuanto más alto sea el nivel decisorio, mejor. De lo contrario se producirá la inevitable quiebra de confianza, lo que es demoledor para la tercera ola epidémica a la que me voy a referir, de naturaleza económica.
Hace dos semanas ya explicamos como el parón de la economía china debido al COVID-19 iba a tener efectos multiplicadores a nivel mundial, debido a su integración cada vez mayor en las cadenas de valor globales, tal y como refleja el mapa anterior. Tales efectos ya se están presentando con fuerza a medida que la epidemia avanza, junto con otros que también apuntábamos entonces: caída de precio del petróleo y de las materias primas, disminución de los flujos comerciales, disrupciones en la industria tecnológica e inestabilidad de los mercados financieros. Pero es en el tráfico aéreo donde el impacto va a resultar más inmediato: la IATA acaba de actualizar sus previsiones económicas ante la expansión del COVID-19, dibujando dos escenarios: uno de disfusión moderada del virus, con 63.000 millones de dólares en pérdidas globales de ingresos de viajeros, sólo en 2020, y otro de difusión más extensa, en el que las pérdidas pueden alcanzar los 133.000 millones de dólares. Este último escenario, nada improbable de proseguir la tendencia epidémica actual, podría llevarse por delante a muchas compañías aéreas. De su capacidad de reacción y adaptación dependerá su supervivencia. Huelga apuntar, además, las consecuencias derivadas en otros sectores tan importantes para muchos países como el turismo, algo que se nota ya con fuerza en las zonas más afectadas por la epidemia. Vienen curvas para todos.
Todo lo dicho se traducirá en una ralentización económica que instituciones internacionales como la OCDE han empezado a estimar en la revisión de sus previsiones:
Otras firmas de análisis macro, como Focus Economics, apuntan a efectos similares, tanto en la economía china como a escala global:
Estas estimaciones no resultan triviales, y son susceptibles tanto de empeorar como de ser contenidas. La falta de confianza en la respuesta de los gobiernos e instituciones internacionales a esta pandemia podría conducir a que el parón económico se consolidara y acabara produciendo un daño a los ciudadanos mayor que la propia enfermedad, que por ahora parece estar muy lejos en letalidad con respecto a otros brotes víricos. Ello abriría las puertas a una crisis sistémica de naturaleza y consecuencias imprevisibles, poniendo a prueba la capacidad de respuesta fiscal de las naciones, especialmente aquellas que durante este último período de expansión no han hecho sus deberes estructurales. Esperemos que no sea así, y que todas estas turbulencias acaben resultando un mal sueño dentro de unos meses.
No despreciemos, por tanto, al COVID-19. Este simulacro de gripe, como la califican algunos despectivamente, trae consigo más de un brote epidémico, cada cual más peligroso que el propio virus. Actuemos, y hagámoslo todos, globalmente. La falta de decisión, el acobardamiento y la complacencia conducen inevitablemente al rotundo fracaso colectivo.
Cuando se habla de reformas, regeneración democrática o combatir la corrupción se hace generalmente de manera muy genérica o poco seria, cuando no de forma oportunista. En mi primer post en Disidentia, y partiendo de un de mis hilos en Twitter, hago un resumen de una interesantísima lectura: Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, de Francisco Alcalá Agulló y Fernando Jiménez Sánchez para el Instituto de investigación económica (IVIE).
Leer artículo completo: Calidad institucional y progreso económico
Mi querido ciudadano 0,5%.
Hoy quisiera escribirte esta carta apreciativa por todo lo que vas a hacer por nosotros durante los próximos meses. No te conozco personalmente, pero ello no me impide agradecerte de corazón que ofrezcas tu generoso patrimonio para financiar tanto gasto vital para el futuro, descargando de nuestra sufrida condición de clase media la responsabilidad de poner sobre la mesa común los 26.000 millones que necesita España.
Valoro tu silencioso sacrificio en los altares de Hacienda como perceptor anómimo de ingentes ingresos y a su vez voraz consumidor, bebedor y fumador, utilizador avanzado de diversas tecnologías, conductor habitual por autovías de potentes vehículos diésel, ahorrador contumaz y afanado inversor en mercados financieros. Admiro tu contundente entidad de verdadero demócrata y sujeto pasivo de capacidad fiscal casi omniscente. Rezo por que algún día te dignes a revelarnos tus misterios.
Eres nuestro percentil de luz, nuestro Noé tributario, el Moisés que nos conducirá victoriosos a través del mar de la insuficiencia presupuestaria. Quisiera abrazarte, pero sé que prefieres permanecer discretamente oculto entre los tuyos, sin presumir de santidad pagana. Sirvan estas palabras de humilde reconocimiento. Por favor, no nos abandones.
Con la más elevada consideración, me despido de ti como atento y seguro servidor.
Muy interesante propuesta de BBVA Research: la creación de 3 indicadores actualizables mensualmente que ayuden a entender la evolución del sistema de #pensiones y los problemas que se plantean. Algo muy necesario.
El otro día estuve leyendo un muy interesante artículo en catalán de Iván Aguilar, brillante economista y analista al que tengo en gran aprecio pese a nuestras muchas discrepancias sobre el devenir de nuestra tierra natal, Cataluña.
Iván, además de ser una persona preparadísima, es una incansable ardilla de la macroeconomía, siempre inquieto, siempre royendo los datos de tabla en tabla, de gráfico en gráfico, de estudio en estudio, siempre preguntándose cosas y explicándolas de manera clara y potente. Comparto con él un incansable afán investigador, una misma visión liberal de la economía y la pertenencia a Thinknomics, variopinto grupo de analistas, empresarios, traders, académicos e inversores arrejuntados por el azar de Twitter (aquí nuestro perfil) con el afán de debatir y desgranar diariamente el grano económico de la paja mediática y política.
El artículo en cuestión, titulado "Més tecnologia i menys construcció" ("Más tecnología y menos construcción") fue publicado en VIAempresa, diario empresarial de referencia en Cataluña, y constituye la continuación de otra muy interesante entrada titulada "L'impacte de la construcció en un país de pimes" ("El impacto de la construcción en un país de pymes"), en la cual Iván ya nos apuntaba:
"Durante el periodo 1997-2008 España licitó, en valor absoluto, más obra civil que Estados Unidos y Alemania juntos. La obra civil absorbe muchos más recursos financieros que ninguna otra actividad productiva, así que el efecto perverso es doble: no sólo provoca el aumento de los precios residenciales sino que capta una parte importante de los recursos financieros disponibles. El resultado es la aparición de los, en términos técnicos, lazy banks, es decir, el sector bancario financia mayormente actividades económicas que proporcionan rentas garantizadas como fueron las hipotecas y la obra civil.
Cuando el sector público construye una línea de metro, por poner un ejemplo, los bancos saben que los precios de los pisos del trayecto aumentan notablemente. Es por ello que conceden crédito para construir también pisos: saben que el aumento de la población conllevará hospitales, escuelas y todo tipo de obra pública que aumentará sus beneficios. Por qué los bancos deberían asumir riesgo financiando tecnología o industria? No tienen ningún incentivo: a corto plazo lo más seguro es financiar hipotecas y obra civil."
Se trata de un fenómeno que se agrava, además, por el tamaño de las empresas de nuestro país, en su mayoría pequeñas y medianas. Ellas son las más afectadas por este proceso de captación de crédito, por lo que acaban sufriendo restricciones financieras permanentes.
Aunque la orientación de ambos artículos quiere ser regional, sus análisis y conclusiones son extensivos a la realidad económica española. Hecha la introducción, les dejo con Iván.
(Por Iván Aguilar)
El papel de la regulación y de la inversión pública en una economía de mercado tiene el objetivo de incrementar la productividad de los factores de producción, que son el capital y el trabajo. Cuando otros leit motiv entran en juego, el coste es elevado y resulta fácil que provoquen una caída importante y sostenida de la productividad y, por tanto, de los salarios y los beneficios empresariales. Las consecuencias no se limitan al canal de inversión de las pymes, sino que alteran todas las reglas conocidas de asignación del capital.
Los sectores que son intensivos en crédito bancario y, por tanto, sensibles a los tipos de interés, sufren una gran devastación a medida que los precios residenciales aumentan (y con ellos, los tipos de interés); el resultado es que este capital huye hacia sectores no dependientes del sector financiero como es el turismo, el ocio y servicios asociados. La investigación científica y la innovación sufren muchas dificultades, ya que son intensivas en el uso de recursos bancarios y financieros como la industria o las tecnologías de la información. La lección es que la ciencia y la tecnología necesitan la competencia para su correcto desarrollo y que lograr estándares elevados no es sólo un tema de dinero, sino también de incentivos y buena regulación.
Un giro a la inversión
Los cambios estructurales no son rápidos ni sencillos de realizar pero creo que son necesarias algunas medidas para corregir estos desequilibrios. La primera es repensar toda la política de inversión pública. Las infraestructuras son vitales sólo si responden a una demanda existente no satisfecha, pero su impacto sobre el PIB es negativo vía productividad si se limitan a trasladar demanda de un lugar a otro. En nuestro país las infraestructuras de este último tipo son de las más habituales y el impacto sobre las empresas catalanas es muy pernicioso. La inversión en infraestructuras urbanas tiene un impacto enorme sobre los precios de la propiedad residencial y, como hemos comprobado tras la Gran Recesión, un efecto muy pernicioso sobre las finanzas públicas y los fundamentales macroeconómicos catalanes.
Los países que acreditan niveles de vida más elevados hacen contención de la obra civil y son más intensivos en gasto público corriente, al tiempo que tienen una regulación que incentiva la competencia y la flexibilidad. La financiación es un bien escaso y un abuso en un sector implica la reducción en el resto. La regulación no debe impedir que el capital vaya a los sectores con poco valor añadido como la construcción y la obra civil. Cabe destacar que los efectos no se reducen a la oferta de crédito sino que la demanda también se ve profundamente afectada. El aumento de la proporción de la renta que las familias gastan en comprar o alquilar vivienda estresa el resto de sectores y la estructura económica.
El tamaño de las empresas es una barrera importante para impulsar con fuerza el sector tecnológico e industrial debido a la ausencia de economías de escala. Uno de los grandes debates actuales es sobre qué hay que hacer para tener más industria y menos construcción. La política de austeridad fiscal ha reducido significativamente el gasto en obra civil y no es extraño que, en combinación con los bajos tipos de interés, la industria catalana esté en plena expansión en los últimos años. La mala noticia es que las reformas regulatorias en materia de competencia han sido inexistentes y que, por tanto, esta industria se fundamenta en empresas demasiado pequeñas que quebrarán enseguida que el ciclo cambie de signo. El reto es, pues, conseguir que estas empresas crezcan y estén fuertemente capitalizadas y sean resistentes durante las recesiones. Esto sólo lo podemos conseguir mediante la contención del sector de la construcción y vía regulación.
La financiación que saca el tranvía por la Diagonal
Una política de inversión pública conservadora en obra civil permitirá ayudar a contener los precios inmobiliarios y obligará al sistema financiero a reducir su dependencia del sector público. Para hacernos una idea: el sistema bancario español o italiano tiene un 9% de deuda pública en su balance por un 3% en Alemania. En los países del centro o del norte de Europa lo más habitual es no llegar al 2%. Este diferencial supone toneladas de financiación para las empresas y mucho más valor añadido, y es que el coste de oportunidad de la obra civil no sólo es elevado sino que perdura durante muchos años.
En este sentido, no parece que nada haya cambiado, debates como el del tranvía de la Diagonal sólo incentiva a los bancos a denegar crédito al sector industrial y tecnológico y a esperar estas políticas que les aseguran rentas sin riesgo. El gobierno municipal haría bien no haciendo ninguna de las dos obras porque ambas están concebidas para impactar sobre el precio de la vivienda y ninguna de las dos responde a una demanda sin satisfacer. Ambas tienen un impacto negativo sobre el PIB catalán a medio plazo.
Por otra parte, la regulación. ¿Qué tipo de regulación necesita Cataluña? No hay que inventar demasiado. Las barreras y los controles tienen costes de transacción muy elevados en términos de economía sumergida, así que la transparencia y la libertad económica son obligadas y, además, aumentan considerablemente la recaudación. La literatura es muy clara al respecto: el mercado laboral y el sistema fiscal son muy anormales y excesivamente rígidos. porque en los ciclos recesivos resultan una carga muy pesada para las pymes. Cerrar suele ser mucho más barato que aplicar planes de viabilidad. Los sectores llamados estratégicos destacan todos por tener un coste elevado, tanto para el sector privado como por el público. Energía, Infraestructuras, Transporte, Telecomunicaciones o Finanzas son ejemplos bien conocidos y una barrera importante para el crecimiento de las pymes. Al background institucional formal hay que añadir también el informal.
No necesitamos más empresas
Cataluña (y España) se caracteriza por tener empresas mucho más pequeñas que en los países donde los sectores manufacturero y tecnológico están bien implantados. Concretamente, la diferencia radica en la ausencia de empresas medianas y grandes. Como he comentado antes, las pymes no crecen y la relación activos/fondos propios es demasiado elevada. Hay que incentivar el crecimiento del patrimonio neto y para conseguirlo, la única forma efectiva conocida es la flexibilidad de los mercados. En este sentido, el discurso mainstream sobre el emprendimiento no es el mejor, porque no necesitamos más microempresas sino que las existentes puedan crecer y ser competitivas.
En definitiva, ningún país rico del mundo lo es a base de impulsar el precio de la vivienda y de imponer barreras a la actividad económica. Las casi inexistentes reformas estructurales tras la Gran Recesión suponen que el cambio de la estructura productiva de la economía catalana iniciado en 2013 se revertirá tan pronto como las restricciones fiscales desaparezcan o venga otra recesión.
Dedicado a Rosa María Artal,
desde mi intenso aunque decreciente aprecio
y muy amplia discrepancia
Todo empezó con este inclasificable tuit:
La reflexión tuitera pretendía ser un crítica contundente de 140 caracteres a unas declaraciones de Albert Rivera, uno de los blancos preferidos de la periodista, relativas a la mejor forma de gestionar España. Las declaraciones de Rivera se produjeron en el programa de Jesús Calleja de Cuatro, y en ellas afirmaba literalmente esto:
“La empresa más importante de España, que es España, la tenemos que gestionar como una empresa, y no puedo hacer barbaridades como estas, con costes y sin ingresos, porque me voy a la calle”
Las "barbaridades" a las que se refería el líder de Ciudadanos eran los despilfarros de dinero público tales como "planes E", aeropuertos sin aviones y AVES sin apenas viajeros. En ese contexto, su reflexión era sensata y tenía mucho sentido económico. Pues no, según Artal y varios seguidores de diversa condición y educación que interaccionaron conmigo ese día, gestionar como una empresa es "primar los beneficios, ergo malvado ultraliberalismo". Genial.
Tal sentencia encierra un desconocimiento palmario de los principios de gestión empresarial, unos prejuicios ideológicos importantes, o una combinación de ambos. También pudo tratarse de un desliz, un lapsus en forma de exabrupto facilón e irreflexivo, con mera vocación ad hominem. Cada uno que juzgue lo que le parezca oportuno.
La pura sensatez nos dice que Rivera estaba hablando de los principios de gestión que determinan el éxito de cualquier buena empresa, y con ello no nos referimos a diversos y llamativos ejemplos patrios de capitalismo castizo, sino a la realidad mucho más discreta y dura de la enorme mayoría del tejido empresarial de nuestro país. Cabría recordar a Rosa María Artal y sus afanados seguidores que en España hay más de tres millones de empresas, de las cuales el 99,88% son pequeñas y medianas (entre 0 y 249 asalariados), PYMES que generan el 66% del empleo nacional. Y si las empresas (grandes o pequeñas) no tuvieran beneficios, dejarían de existir, por lo que no habría trabajo ni impuestos ni administración ni servicios públicos ni recortes de los que preocuparse. Parece mentira que, a estas alturas de civilización, sea necesario explicarlo.
En un aterior post de este blog dedicado a recortes y despilfarros, ya apuntábamos algunos criterios básicos de gestión empresarial aplicados al sector público. Decíamos entonces que los bienes públicos, obtenidos a través de impuestos, constituyen un verdadero tesoro para nuestra sociedad. Los cargos políticos y los funcionarios deberían tenerlo en cuenta a la hora de manejarlos, y obrar como un cajero cuidadoso con aquellos caudales que no son suyos. Asimismo, los ciudadanos deben utilizar los bienes y servicios públicos de forma cívica y responsable. Cuestión de derechos y deberes.
Por tanto, cuando hablamos de gestionar España como una empresa, nos estamos refiriendo a esto, y no a otra cosa:
Los ciudadanos (y eso incluye a todos, empresarios, trabajadores privados y públicos, desempleados, pensionistas y estudiantes), a través de sus impuestos y sus votos, son los accionistas de esta empresa común: aportan el capital y, teóricamente, eligen al consejo de administración (gobierno) de acuerdo con sus competencias profesionales y orientaciones estratégicas (programas políticos). La empresa España, en un ideal de buena gestión, debe perseguir la satisfacción de los intereses de estos ciudadanos-accionistas a través de la creación de valor, esto es, la prestación de unos servicios públicos esenciales que maximicen los recursos empleados, con calidad y de una manera eficiente y sostenible en el tiempo, alejada de florituras y dispendios. Ese es el auténtico beneficio de gestionar como una empresa. Y no nos confundamos: los responsables últimos de ese buen gobierno somos los propios ciudadanos-accionistas, en nuestra doble condición de paganos y electores.
Más allá de los ciudadanos y agrupaciones de ciudadanos, no debemos olvidar a los grupos de interés (los llamados stakeholders en inglés), a quienes también concierne el buen funcionamiento de nuestra empresa España, como por ejemplo: organismos internacionales a los que pertenecemos, instituciones de muy diversa naturaleza, países con los que comerciamos, mercados financieros a los que acudimos, organizaciones no gubernamentales, etc.
Así, nuestra España S.A. constituye un sistema complejo, con numerosos interesados en su buena gestión, todos ellos colaboradores necesarios y beneficiarios directos o indirectos de la misma. Una empresa que debería regirse por los principios universales que orientan la actividad de todas las corporaciones exitosas: integridad, responsabilidad, transparencia, rendición efectiva de cuentas, respeto a las leyes, adecuada supervisión, sostenibilidad financiera y, por supuesto, las tres "E":
Todo ello tiene muy poco que ver con el "beneficio" espurio ni con el libre mercado ni, desde luego, con el "ultraliberalismo", signifique lo que signifique el palabro. ¿No te parece, querida Rosa María?
Un muy cordial saludo de tu seguro seguidor lentejero.
Nota: en una versión anterior de este artículo, se indicó erróneamente que Rosa María Artal es militante de Podemos, hecho que la propia periodista ha desmentido a este autor de malas maneras.
Nota 2: muy poco después de la nota anterior, Rosa María Artal se presentó como candidata de Podemos a las elecciones por Zaragoza (no consiguió el escaño). Al recordarle su reciente desmentido en Twitter, la periodista se limitó a bloquearme (su actividad más habitual en la red social). Máxima coherencia.
