Lo he explicado otras veces: el análisis ABC, derivado del Principio de Pareto, es un método de clasificación utilizado en muchas áreas de gestión. Permite identificar y categorizar aquellos elementos que tienen un impacto relevante en un valor global (costes, inventarios, ventas, resultados, etc.), permitiendo establecer niveles y estrategias de control específicas para cada uno de ellos. Por ejemplo, al analizar un inventario se detecta, por ejemplo, que el 20% de los artículos representan el 80% del valor total del stock. El 80% de los artículos restantes, por el contrario, suponen sólo el 20% de ese valor. Tiene todo el sentido, por tanto, centrar los esfuerzos de control en esa minoría de elementos que aglutinan gran parte del valor.
Lo mismo ocurre con la percepción de la corrupción. Estoy convencido que la mayoría de los políticos, más del 80%, son personas honradas a carta cabal pero con impacto muy reducido en la valoración ciudadana sobre la honestidad de nuestros servidores públicos. Aquí están desde los militantes de base hasta los cargos intermedios o directivos de pequeñas entidades que hacen su trabajo diario con profesionalidad, decencia y dedicación. Cualquier caso de corrupción en estas esferas resulta poco notorio, tiene escasa repercusión externa y es normalmente resuelto por la propia organización (salvo que ésta sea totalmente corrupta).
Por consiguiente, bastante menos del 20% del sistema político aglutina la mayor parte de la percepción sobre corrupción. Nos hallamos ya en el nivel dirigente, en el que se adoptan las decisiones políticas de envergadura y se gestionan grandes recursos económicos. Cualquier incidencia en esta minoría de élite impacta de forma decisiva en la opinión pública. Lo hace, además de forma casi instantánea, amplificada y distorsionada geométricamente por los medios de comunicación y las redes sociales, a menudo de forma interesada y espuria.
Afirmar delante de los ciudadanos que los casos de corrupción son "unos pocos" (aunque cuantitativamente sea cierto), o que la percepción de corrupción actual no tiene un impacto significativo en nuestra economía o marca país, resulta aventurado y poco prudente, por mucha serenidad y aplomo que demostremos cara al público.
No hay manera de sustraerse a este escrutinio intensivo y global; lo que debemos hacer es gestionarlo adecuadamente. Y eso sólo se consigue, a estas alturas, cuando el peor daño ya está hecho, mediante un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y asunción de responsabilidades por parte de nuestros líderes políticos, sociales y económicos como no se ha visto nunca en nuestro país, manifestada más en hechos rotundos y constatables que en la promulgación de normas y más normas y decálogos y códigos de conducta. Como muy bien expresa Simón González de la Riba en un reciente artículo de Sintetia:
