En el camino, se han promulgado (según mis cuentas) al menos 32 reales decretos-ley, récord absoluto para los 9 primeros meses de mandato. Son 5 RDL más que con el gobierno Rajoy (27) y muy lejos de José Luis Rodríguez Zapatero (11) y José María Aznar (13) durante ese mismo período temporal. Entre las medidas adoptadas por esta vía, destacan la subida del salario mínimo interprofesional, la exhumación de Franco, la renovación del Consejo de Administración y presidencia de RTVE, la recuperación de la sanidad universal, el desempleo para los mayores de 52 años, la ampliación del permiso de paternidad y un Real Decreto-Ley de medidas urgentes de vivienda y alquiler, finalmente no aplicado por falta de convalidación. Ahí es nada. De hecho, podrían ser algunas más, ya que el Presidente ha manisfestado su intención de seguir adelante con sus autodenominados "viernes sociales" hasta el 28 de abril, pese a las críticas de la oposición.
En suma, el gobierno de Sánchez, con un margen de maniobra muy limitado debido a su exigua representación en el Congreso y al bloqueo continuado en un Senado con mayoría conservadora (también muy criticado y criticable), se ha dedicado a convertir en habitual un instrumento normativo de naturaleza en teoría excepcional. Es por ello que, sin negar la relevancia e incluso la necesidad de algunas de las medidas emprendidas, cabría cuestionarse su condición de “extraordinarias y urgentes”.
Como afirma Rafael Jiménez Asensio en un excelente artículo sobre el tema, no es que se haya “gobernado por decreto” como apuntan algunos políticos, sino que se ha legislado por decreto-ley; que no es lo mismo. En esa misma entrada, el autor incluye una oportuna cita:
“Vivimos momentos de apresuramiento y precipitación, donde la aceleración política encuentra su salida natural en esta figura normativa excepcional de uso ordinario que ofrece inmediatez (a golpe de clic en el BOE), anima a los potenciales votantes a decir me gusta (otorgando dadivosamente más derechos, más permisos, más retribuciones, y multiplicando sin medida el gasto público), y, por tanto, llevando a cabo una clara ‘utilización para fines de manifiesto oportunismo político’ de la legislación de excepción (Gomes Canotilho, Direito Constitucional, p. 789).”
Llegados a este punto, el debate económico de las últimas semanas se ha centrado en los posibles efectos económicos de tales iniciativas en unos momentos de fuerte incertidumbre, tanto en el ámbito interno (fragmentación, conflicto catalán, nuevos populismos) como externo (Brexit, auge -también- de los populismos en Europa, tensiones comerciales entre Estados Unidos y China). A esa incertidumbre debemos añadir una coyuntura económica global que apunta hacia la desaceleración, especialmente en Europa, tendencia a la que España, como economía abierta, globalizada y con gran participación en el mercado único, no es ajena.
Cierto es, como acaba de apuntar el Banco de España, que la economía española sigue presentando un notable dinamismo y resistencia a esa desaceleración, en contraste con otras naciones de nuestro entorno. La fortaleza de la demanda interna ha compensado un evidente deterioro del contexto exterior, lo que permite sostener el crecimiento, estimando el BdE una tasa del 2,2 % en 2019, un 1,9 % en 2020 y un 1,7 % en 2021.
