Economistas y analistas seguimos debatiendo sobre los efectos de un gasto público deficitario para la economía, pero solemos obviar una realidad insoslayable: dicho gasto público debe ser pagado, con independencia de su eficacia o de las diferentes creencias sobre los efectos de los déficits.

La elección de mantener un déficit público persistente, y por tanto, de incrementar la deuda, es de naturaleza política, no económica. Ya que los recursos prestados tendrán que ser reembolsados tarde o temprano, la elección es entre impuestos ahora o impuestos en el futuro.

Y ante esa elección, el incentivo que tienen la gran mayoría de políticos es claro: demorar el coste de la misma, esto es, patada hacia adelante y que impacte en futuros ciclos electorales. Y claro, así nos va.